miércoles, 7 de noviembre de 2012

"Tráfico"


Denuncian una red de corrupción en el Reg. Pub. de la Pro.
De haber una investigación de fondo en el Registro Público de la Propiedad, en el estado,  el director, Guillermo Federico Tomas Gallegos, podría pasar cuando menos unos 10 años si no es que más en el Amate. Pues hay serias denuncias que lo involucran en la alteración de documentación valiosa y fuerte tráfico de documentos falseados que bajo un costo de por lo menos cinco mil pesos se lo lleva el que quiere.
Pues se trata de cuatro emplea duchos, que si se les aplica el código penal del estado de Chiapas, permanecerían en la cárcel por asociación delictuosa, falsificación de documentos, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y los que resulten.
Ya que se dedican a la venta de copias certificadas de Libertad de Gravamen, Copia certificada de Escritura Pública, y expiden constancia de no propiedad a toda aquella persona que lo solicite en menos de dos horas o el tiempo que acuerden, salvándolos de todo hasta de un embargo incluso.
La venta de documentación falseada se estaría gestando en el Registro Público de la Propiedad, bajo la supuesta anuencia del director Guillermo Federico Tomas Gallegos.
El tráfico se inicia desde el momento en que una persona llega a la ventanilla a solicitar un certificado y es contactado por Paulina Cruz Cortés, quien a su vez, se enlaza con Fernando Nagaya, éste a su a Francisco Cerdi y la cadena termina con Ana Gabriela Martínez, o viceversa.
Lo grave es que se han expedidos esos documentos a personas que buscan obtener un crédito financiero o Hipotecario ante instituciones bancarias u otras casa comerciales.
Por lo que la documentación que se expide es falsa ó alterada. Aparentemente Francisco Cerdi, quien es auxiliar de Informática, es quien se dedica a plasmar las firmas de los empleados  que capturan las escrituras legales y que para imprimirlas, tuvieron que escanear su rúbrica por así establecerlo el sistema de cómputo y  al que solo tiene acceso el auxiliar de Informática.
De hecho se han presentado diversas quejas ante la secretaría de la función Pública, sin embargo dicha dependencia no hace nada para sancionar a los supuestos responsables. Ante esa situación al interior del Registro Público de la Propiedad, se teme porque cada documento apócrifo que se expide,  se falsifiquen firmas del personal y principalmente se estén robando la identidad de los ciudadanos.
Esos cuatro empleados son: Paulina Cruz Cortés, quien es encargada de Ventanilla y ostenta una plaza de Consejería Jurídica del gobierno del estado con un sueldo superior al de todos los empleados del Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, otros empleados aparentemente involucrados son: Fernando Nagaya quien ostenta una plaza de Auxiliar con un sueldo de cinco mil pesos, Francisco Cerdi quien es Auxiliar de Informática con un sueldo de aproximadamente 7 mil pesos y Ana Gabriela Martínez Jiménez quien ostenta la Plaza de Gestor Administrativo con un sueldo de 5 mil pesos.
Sin embargo esos cuatro, empleados, llegan a trabajar en lujosos automóviles, visten ropa de marca y portan teléfonos celulares de los más caros que al nivel salarial que ostentan no lo podrían gozar.
Ante esa situación, los empleados temen que se esté utilizando la firmar de cada uno de ellos, porque en el sistema de cómputo se maneja Libro y búsqueda de documentos y para ello tienen que estar certificados para ser expedidos a la persona que lo necesite.
Además, mientras la mayoría de los empleados, están vigilados las 24 horas, ó durante el tiempo que laboran en el Registro Público, mediante cámaras de video; esas cinco personas en mención no, gozan de toda la libertad para el uso de documentos que expide el Registro Público de la Propiedad.
Cabe hacer mención que los que conocen a Paulina Cruz Cortés, presumen ser una de las amiguitas del director del Registro Público de la Propiedad, Guillermo Federico Tomas Gallegos.

Femicidios

Diputada del PRD, Alejandra Soriano Ruiz vs Feminicidio
En Chiapas, urge que las instancias de procuración de justicia investiguen a fondo las causas por las cuales se están cometiendo feminicidios para frenar de inmediato el problema, así como castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estos actos cobardes, exigió la diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, este acto corresponde al asesinato motivado por la misoginia, pues implica el desprecio y el odio hacia las mujeres, a través del desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros.
La legisladora chiapaneca recordó que en reiteradas ocasiones las asociaciones civiles y la presidenta de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Marina Patricia Jiménez Ramírez, han pugnado por la atención integral al tema del feminicidio.

Lavado de dinero

Dip.  del PRI Neftali del Toro Guzman
Luego de considerar que el denominado “lavado de dinero” atenta contra el patrimonio, la estabilidad del Estado, la seguridad pública y la administración de justicia, la LXV Legislatura del Congreso local, adecuó el tipo penal a la realidad jurídica de Chiapas, mediante reformas y adiciones a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales.  
Al término de la sesión en la que se aprobaron por unanimidad los dictámenes presentados por la Comisión de Justicia, que preside el diputado Neftalí Armando del Toro Guzmán, el legislador explicó detalladamente las reformas y destacó su importancia ante el incremento del fenómeno delictivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como “lavado de dinero”.
Neftalí del Toro precisó que se adicionó al Código Penal el Capítulo V BIS denominado “Decomiso por el Valor Equivalente”, que se refiere al decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, o de bienes de la persona inculpada y establece también las sanciones para este delito.  En este capítulo, agregó el legislador, se establece, entre otras, una pena de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa al que por sí, o por interpósita persona, realice conductas como adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
CORREO ELECTGRÓNICO: gasparrp@hotmail.com Twitter: @GasparRomerop

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