viernes, 2 de diciembre de 2011

Otra orden de Aprehensión

"La Cloaca abierta"
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La Procuraduría General de Justicia del Estado ejecutó otra orden de aprehensión en contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.
Pablo Salazar, fue detectado en una investigación de tipo fiscal de fungir como “promotor” del Corporativo “Álvarez Puga & Asociados”, encargado de crear empresas ‘fantasma’ bajo el diseño “Outsourcing”, con la finalidad de evadir el pago de impuestos.
En la nueva orden de aprehensión, contra Pablo Salazar Mendiguchía, se menciona al ex candidato a gobernador por el PRI en  el 2006, José Antonio Aguilar Bodegas, quien se le sindica de haber recibido cantidades millonarias como “pagos”, al “trabajo” realizado por el Corporativo “Álvarez Puga & Asociados” de donde era director y socio de dicha firma.
De acuerdo al expediente penal, derivado de la averiguación previa 043/FECDO/2011-05, el indiciado percibió cantidades millonarias de forma ilícita, como beneficiario de la empresa denominada “Consultoría Organizacional de Negocios S.C.”.
Además, la Dirección de Prevención y Registro Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública documentó que al concluir su gestión como gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía contaba con dos cuentas de cheques que sumaban un total de 687 mil 860.96 pesos.
Sin embargo, lo anterior no coincide con lo declarado ante el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que tan sólo en el Ejercicio Fiscal del 2006, Salazar Mendiguchía declaró ingresos por un monto de dos millones 318 mil 979 pesos.
Con la determinación de ésta ultima orden de aprehensión, suman ya tres, la primera por peculado por 104 millones de pesos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público. La segunda orden de aprehensión se refiere al homicidio en grado de omisión de un recién nacido, en el hospital K de Comitán en noviembre del 2002.
Cabe destacar que, en el marco de la integración de la averiguación previa correspondiente la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada investiga también a José Antonio Aguilar Bodegas, quien en su carácter de Director General y Socio del Despacho Álvarez Puga&Asociados marcó las directrices necesarias para que sus subalternos dispusieran y transfirieran recursos de diferentes cuentas bancarias, viéndose beneficiado como lo comprueban los peritajes contables realizados por la Procuraduría de Chiapas.
En este sentido, existen los elementos de cargo que dan cuenta de una serie de depósitos a favor de José Antonio Aguilar Bodegas por cantidades que van de los 500 mil al millón de pesos mensuales.
Asimismo, se conoció que la empresa Aeraruim, S.A. de C.V., tiene como trabajador a José Antonio Aguilar Bodegas con sueldo de un millón cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos, lo que contrasta con lo declarado por él mismo, al afirmar que percibía 150 mil pesos mensuales por su trabajo como Director General y socio del mencionado despacho.
El sistema bajo el que opera el corporativo Álvarez Puga&Asociados ofrece al empresario encargarse en un 100 por ciento de los asuntos laborales de la empresa, en lo que refiere a impuestos federales, impuestos locales, pago de seguro social, fondo de vivienda, entre otros.
El corporativo ofrece a sus clientes evitar el pago de dichas obligaciones, para lo cual firma un contrato de prestación de servicios entre el empresario y Álvarez Puga, creando empresas ‘fantasma’.
El modus operandi consistía en enganchar a empleados de las empresas originales, a quienes ofrecían diversas cantidades con la finalidad de hacerles creer que pasarían a ser dueños, haciéndoles firmar documentos donde efectivamente aparecían como propietarios y presidentes.
Además, le hacen entrega de las chequeras de la nueva empresa, documentación que es firmada en blanco lo que les permite continuar realizando movimientos financieros.
A la nueva empresa le denominan “Integradora”, la cual contrata a los empleados pero lo hacen bajo los esquemas de ‘sociedad cooperativa’, ‘sociedad en nombre colectivo’, ‘sociedad solidaridad social’,‘sociedad anónima’ o ‘asociación en participación’, por lo que en lugar de aparecer como empleados pasan a ser socios cooperativistas, industriales o asociados y, de esta forma, evadir impuestos.
Tan sólo en el Sureste del país, el sistema operaba las empresas conocidas como “Angus”, “Italianis”, “Papa Bills”, Café Punta del Cielo”, “Classico” y “Escenario”.
En este sentido, durante el periodo del siete de febrero del 2008 al 30 de abril del 2011, el corporativo a través de las empresas “Técnicas de Coordinación Administrativa” y “Grupo de Administración S.A. DE C.V”, ingresó a una sola cuenta la cantidad de 494 millones 16 mil 576.18 pesos, cuenta de la cual se detectaron diversos movimientos bancarios por más de 2.5 millones de pesos a favor de José Antonio Aguilar Bodegas.
Al constituir la empresa mercantil denominada‘Alimentos, Bebidas y Comestibles del Sureste, S.A.’, que operaba el giro comercial “Discoteque Classico” en Tuxtla Gutiérrez, fungía como presidente un sujeto que en la realidad era mesero del lugar y percibía un sueldo de dos mil pesos.
En el marco de estas investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró dos inmuebles que funcionaban como despacho contable y despacho jurídico del Corporativo Álvarez Puga&Asociados en la capital chiapaneca.
Entre los pagos comprobados que la empresa Álvarez Puga & Asociados, con José Antonio Aguilar Bodegas como su director, hicieron a Pablo Salazar se encuentran depósitos como: depósito en cuenta banorte en 2006 por 12 millones de pesos; depósito en 2009 en cuenta Santander por 8 millones 423 mil 464 pesos, esto, a través de prestanombres y que ahora se ha documentando fueron recursos cobrados por el propio Salazar.
Además, continúa con el desahogo de las diligencias correspondientes para llevar ante la justicia a todos los implicados por estos actos delictivos, actuando en todo momento en estricto apego a la Legalidad y al Estado de Derecho.
En este sentido y, luego de haberse encontrado los elementos suficientes se procedió a ejercitar acción penal por los delitos de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita en la modalidad de “Adquiera bienes y derechos de cualquier naturaleza, con el propósito de ocultar conocer el origen, localización y propiedad de los mismos”, “Deposite y transfiera recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar o impedir conocer el origen y propiedad del mismo”, previsto por el articulo 478 párrafo segundo, y sancionado por el párrafo primero, del Código Penal del Estado.
Así como, por el delito de Delincuencia Organizada previsto por el artículo 376 y sancionado por el 377 del mismo ordenamiento.
CORREO ELECTRÓNICO: gasparrp@hotmail.com Twitter: @GasparRomerop

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